La manifestación de Barcelona pulveriza el relato del independentismo

EDITORIAL

Fin de la hegemonía

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EL PAÍS

8 OCT 2017 – 19:00 ART

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Vista de la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana. MARTA PÉREZ (EFE) / EPV

El argumento que el independentismo catalán ha manejado con más insistencia sufrió este domingo una derrota sin paliativos. La falsedad de la idea de que existe un solo pueblo unido detrás de su causa y que, por tanto, tiene toda la legitimidad para forzar una secesión unilateral, ha sido puesta en evidencia. La sociedad catalana es mucho más plural de lo que se ha machacado sin descanso desde el nacionalismo durante los últimos años. Nadie puede discutir la capacidad de movilización de los independentistas, y nadie discute que hay una parte importante de catalanes que reclama otra relación con España. Lo que desde este domingo será también indiscutible es que existe una inmensa cantidad de catalanes que rechaza la llamada a desconectarse de España. Las fuerzas independentistas se habían esforzado en que fuera la calle la que diera legitimidad a la mascarada parlamentaria que orquestaron con las leyes del referéndum y transitoriedad, y ha sido la calle la que les dijo este domingo en Barcelona que así no, que no quieren saber nada de un proceso que pasa por destruir el Estatut y la Constitución.

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La gran novedad de lo que sucedió este domingo es que una mayoría hasta ahora silenciosa salió por fin de su mutismo para dejar oír su voz. Es preciso matizar: sus voces, visibles a través de la senyera o de las banderas de Europa y España. Voces incluso contradictorias dentro de su pluralidad, como se hizo patente cuando Josep Borrell pidió en su intervención que cesara el cántico que pedía prisión para Puigdemont. No, dijo correctamente el político socialista, en ese asunto son los tribunales los que tendrán que manifestarse, nunca la calle.

La observación puede leerse también como una pertinente llamada de atención sobre las reglas más elementales de la democracia. Allí donde realmente funcionan, no es nunca la calle— como quisieran algunos movimientos populistas— la que dicta los derroteros de un país. Las democracias garantizan la pluralidad y el equilibrio de poderes. Por eso, desde que el procés se escoró descaradamente del lado populista, y el Govern se arrogó el supuesto encargo que le hacía un “pueblo unido” de propiciar la independencia, su legitimidad quedó en entredicho. La calle se manifiesta como este domingo para defender la democracia constitucional, y los políticos tienen el deber de escucharla. Pero la calle nunca puede imponer nada, salvo en aquellos lugares donde una insurrección podría justificarse porque no existe la democracia.

El Govern escuchó desde la calle lo que no quiso escuchar en el Parlament: que no hay un único pueblo que quiere la independencia y que Cataluña es plural, y tendrá que dar una respuesta. Hay quienes, en su burbuja, han ninguneado ya lo que se expresó en la manifestación, porque estuviera el PP y hubiera banderas españolas. Esa sería una de las varias lecturas equivocadas. Porque en la democracia, como en Cataluña, caben todos.

Durante décadas, el nacionalismo catalán ha construido un monopolio ideológico y asfixiado la pluralidad de la sociedad. El domingo, esa hegemonía, asentada en el control de la calle como de las instituciones políticas y de la sociedad civil, se ha derrumbado estrepitosamente. El independentismo, ya fuera de la legalidad, ha perdido ahora también la legitimidad.

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Los catalanes que permanecían callados han hablado. Este domingo salieron a la calle contra las mentiras y enga ños, contra los que subvierten la democracia y el derecho, contra los que quieren separarnos de España y de Europa

TRIBUNA

Un antes y un después

Los catalanes que permanecían callados han hablado. Este domingo salieron a la calle contra las mentiras y engaños, contra los que subvierten la democracia y el derecho, contra los que quieren separarnos de España y de Europa

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FRANCESC DE CARRERAS

8 OCT 2017 – 19:00 ART

Un antes y un despuésNICOLÁS AZNÁREZ

Al final de la manifestación de este domingo en Barcelona, que superó las previsiones de los más optimistas, una pregunta rondaba en todas las conversaciones: ¿esta masiva asistencia significa un antes y un después en la política catalana?

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En los próximos días, semanas o meses, se podrá contestar con fundamento a esa pregunta. En todo caso, los catalanes callados han hablado, ya no podrá la prensa extranjera —o nuestros nacionalistas locales— hablar de “los catalanes” como un bloque unitario frente a España. Cataluña es plural, hay muchas Cataluñas, como sucede también en España, o en Francia, Italia, Alemania y la mayoría de los demás países europeos. No somos distintos de ellos. Los conflictos, normales en toda sociedad, no son entre países, o entre naciones, sino entre ciudadanos. El Estado de derecho, a través de la democracia, es el cauce normal para resolverlos.

El éxito de asistencia en la manifestación no se puede explicar sin lo sucedido en semanas anteriores, desde finales de agosto. Se dice desde hace tiempo que el llamado procés está generando un hartazgo en buena parte de la población catalana y en la mayoría de la española. Es cierto. Pero al hartazgo se le ha sumado en los últimos tiempos la indignación, indignación ante las mentiras del independentismo, el abierto desafío al Estado de derecho y, finalmente, en los últimos días ha sido bien visible, el peligroso precipicio al que nos estamos acercando con temeridad.

El decálogo de mentiras del independentismo fue objeto de un extraordinario reportaje en EL PAÍS, hace un par de semanas, escrito por José Ignacio Torreblanca y Xavier Vidal-Folch. Desde hace años se repiten estas mentiras, día sí y día también, por políticos y periodistas nacionalistas. Ya puedes rebatirlas con datos y argumentos que, imperturbables, las siguen manteniendo. Cuando estos días recibía visitas o llamadas telefónicas de periodistas extranjeros para que les informara de lo que sucede en Cataluña, les remitía inmediatamente a este reportaje: sintéticamente allí está todo. Léanlo si no lo hicieron en su momento.

El desafío al Estado de derecho, mejor dicho la vulneración sin complejos de la Constitución, el propio Estatuto de autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, viene de años, comenzó con la campaña de descrédito al Tribunal Constitucional tras la sentencia del vigente Estatuto. Entonces se contrapuso la democracia al derecho, algo tan peligroso que ha dado lugar a las más conocidas dictaduras europeas del siglo XX y que genéricamente ha sido llamado fascismo.

El ‘procés’ está generando hartazgo e indignación en buena parte de catalanes y del resto de españoles

Pero en septiembre pasado, durante los días 6 y 7, el Parlamento de Cataluña fue el escenario de la bochornosa aprobación, sin debate alguno, de dos leyes que prescindían sin tapujos del marco legal vigente. Dos leyes que prepararon el simulacro de referéndum del pasado día 1 de octubre y sus consecuencias, precedido todo ello por la deslealtad del jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, que incumplió un mandato judicial y dio lugar a una campaña de desinformación cuidadosamente preparada por el Govern de Carles Puigdemont, las redes sociales controladas por las entidades independentistas y los medios de comunicación públicos de la Generalitat o los privados alimentados con sus generosas subvenciones. Las mentiras han sido demasiadas y al final muchos catalanes han decidido salir a la calle porque ya era hora de denunciarlas.

Pero también contribuyeron a esta salida masiva a las calles de Barcelona otros dos hechos sucedidos la semana pasada que marcaron un importante punto de inflexión.

En primer lugar, el discurso real. Con rostro grave y severo, en poco más de seis minutos, el rey Felipe VI fue contundente. Dijo primero que, antes de nada, y previamente a todo, era imprescindible el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña. Con ello constataba que ese orden constitucional había sido gravemente conculcado. En segundo lugar, el Rey no hizo ninguna referencia al diálogo ni a la negociación, tan común a todos sus discursos sobre Cataluña. Significado general de sus palabras: sin el respeto a la autoridad del Estado no es legítimo plantear demanda alguna. Como colofón, comunicaba solemnemente a los españoles que mantuvieran la confianza en la Constitución, las leyes y la democracia, en definitiva, a nuestro Estado de derecho.

Al día siguiente, Puigdemont expresó su disconformidad con el Rey, de quien dijo que había renunciado a su papel constitucional de mediador. Sin duda, el discurso del Rey había surtido efecto y el vértigo ante su incierto futuro empezaba a aflorar en las filas independentistas. ¿Cuál debía ser el paso siguiente? ¿La declaración unilateral de independencia, la famosa DUI? Y después de la declaración, un acto de pura retórica, ¿se habrían constituido en el tan anhelado Estado propio? Tras la euforia de la jornada del domingo, empezó el miedo y la decepción.

¿Mediadores entre quienes? ¿Cuáles son las partes? Esto no es Oriente Próximo ni Colombia

El aldabonazo final sobrevino el jueves. El Banco Sabadell anunciaba el traslado de su sede corporativa a Alicante. Le siguieron, entre otras empresas, CaixaBank y Gas Natural, y amenazan con seguir el ejemplo Freixenet, Codorniu y Planeta. Huida masiva contra el pronóstico de ilustres economistas, ahora sumidos en el ridículo. A los empresarios les asusta la independencia, a los trabajadores también. Esto fue definitivo para que todos salieran a la calle: contra las mentiras y engaños, contra los que subvierten la democracia y el derecho, contra los que quieren separarnos de España y de Europa.

En este punto, empezaron a surgir como setas, tristes y ridículos, los mediadores. ¿Mediadores entre quiénes? ¿Cuáles son las partes? No estamos en Colombia, ni en Oriente Próximo. Aquí el problema es de lealtad a las leyes por parte de la Generalitat y no de conflicto de intereses entre Cataluña y España. La prueba está en que grandes y medianas empresas huyen de Cataluña porque sus intereses no los defiende la Generalitat sino un Estado que permanece y seguirá permaneciendo en la Unión Europea. Mediar hoy sería salvar a los culpables de haber llevado a Cataluña a una tristísima situación por haber estimulado las bajas pasiones y olvidar la razón.

Los hasta ahora callados han hablado, saliendo a la calle, tras tantas provocaciones, ante el riesgo cierto de empobrecerse, ante la descarada vulneración de las leyes que ponen en peligro su seguridad. En fin, ante tantas mentiras. ¿Ello significa que las causas de la afluencia a la manifestación significan un antes y un después en Cataluña? Esperemos que así sea. Después de tanta irresponsabilidad, de actuar con tan poco fundamento, a los independentistas, como es lógico, empiezan a temblarles las piernas.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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Cataluña: la rebelión de los necios

OPINIÓN

Los pueblos tienen derecho a elegir su futuro, obviamente. Pero el colectivo de pueblo no es el pueblo de Cataluña, es el pueblo de España todo

dardo_gasparre_2.jpgPor Dardo Gasparre 4 de octubre de 2017
@dardogasparre

A primera vista el planteo catalán suena totalmente justo, en especial para los oídos domesticados por la corrección política del gramscismo educativo y periodístico: los pueblos tienen derecho a elegir su futuro. Nadie se animaría a contradecir semejante aserto, mucho menos si se le agrega en alguna parte la palabra "democracia", como hizo el Barcelona FC en el cartel que colocara en su tribuna vacía, buscando quién sabe qué perdón por vaya a saber qué clase de trapisondas.

A eso se le agrega la protesta sistemática y añejada de que Cataluña aporta al resto de España mucho más que lo que recibe de ella. Otro argumento que seguramente logrará una instantánea adhesión de cualquier desprevenido, en especial si el desprevenido es una víctima del sistema de distribución de la riqueza que los gobiernos modernos, para no llamarlos populistas, aplican en buena parte del planeta.

También hay un argumento más potente para una parte de los catalanes, nunca se sabrá si mayoritaria o no, que se considera superior al resto de España en su cultura, finura y educación, si no ya al mundo entero.

La simplificación de las masas hace que estos argumentos se tomen internacionalmente como bandera y como una verdad irrefutable, cuando en realidad son espejismos, fáciles frases hechas, axiomas, groseras simplificaciones efectistas. Pero tiene sentido refutar esas aparentes verdades antes de continuar más a fondo.

Cuando se organizan como nación, las provincias, los estados, las regiones o como se les llame ceden para siempre su soberanía en aras de conformar un ente superior, más poderoso, más trascendente y de mayor peso e influencia en todo sentido: en la defensa, en el comercio, en el peso geopolítico. Ese pacto no es un tratado de libre comercio, ni siquiera una unión como la europea. No admite retroceso, la integración total no es renunciable, la continuidad no es opcional. Una vez formada esa nación y votada su Constitución, sólo la voluntad de todo el pueblo puede cambiar cualquier aspecto de esa Constitución. Y ese pueblo es uno solo, no una suma de pueblos. Por eso, Estados Unidos tuvo su tremenda guerra civil, por eso es pueril e irresponsable que un gobernante como Carles Puigdemont realice un referéndum que no está en condiciones de imponer a nadie. Para colmo, con un mecanismo casero e improvisado, con el que no se elegiría ni al presidente de un consorcio.

Los pueblos tienen derecho a elegir su futuro, obviamente. Pero el colectivo de pueblo no es el pueblo de Cataluña, es el pueblo de España todo. Y ese es el pueblo que tiene derecho a elegir su futuro por votos. Sostener lo contrario sería como modificar la Constitución antes de haberse aprobado su modificación, una ensoñación jurídica extravagante e inconducente digna de Gaudí.

Por eso fue un fiscal español el que, con la Constitución y el Código Penal en la mano, ordenó a la guardia civil que impidiera la rebelión catalana, un delito penado con 15 a 25 años de cárcel. La represión es el comienzo de otras represiones al que el Govern someterá a su pueblo, ya que el presidente del Gobierno español no tiene otro remedio que hacer lo que hace.

Viene el turno del argumento sobre lo que Cataluña aporta y recibe del resto de España. Supongamos que esa relación fuera muy injusta. El camino del derecho no es la secesión, el independentismo o el soberanismo, como se le quiera llamar. También debería ser fruto de un acuerdo de todo el pueblo español. Surge naturalmente el fácil ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora María Eugenia Vidal ha elegido resolver por medio de la Justicia, no por la vía de la secesión, seguramente por su poca predisposición al género payasesco. Todo esto sin abrir juicio sobre lo justo o no de los sistemas de coparticipación, impositivos o de redistribución.

Para advertir la ridiculez de la idea, es fácil ver que un porcentaje muy alto de españoles, vascos, gallegos, catalanes, andaluces, puede sentir lo mismo de Cataluña: que su aporte al país es mucho mayor que lo que recibe a cambio y que el que hacen los demás. Siguiendo con la idea de que el pueblo tiene derecho a ejercer su soberanía y a elegir su destino, cada uno de esos ciudadanos de cada provincia tendría igual derecho a segregarse, una secesión virtual, un país formado por una cierta cantidad de habitantes de cada región, España A, integrada por los que producen, España B, integrada por los que no producen, para simplificar. Por mucho que nos atraiga la idea en los momentos de rabia, tal formato no existe dentro del marco jurídico ni del derecho. Los parangones locales son obvios.

El gran periodismo gráfico español, de una factura y un nivel que no se encuentra en otros periodismos, se muestra muy preocupado por este empecinamiento asnal separatista. Muchos recuerdan el precio de su guerra civil, fruto justamente del odio que parece ahora ser el motor más poderoso del independentismo catalán.

No faltan quienes recuerdan la argucia de Lenin para desmembrar el poder zarista: el reclamo de autodeterminación de los pueblos que terminó disgregando el imperio y dejándolo inerme y sin poder en las manos bolcheviques. Autodeterminación que luego ignoró rampantemente, una vez tomado el mando. Esta apelación populista y sensiblera al derecho de los pueblos a elegir su destino rompiendo su Constitución les recuerda aquel momento crucial en que surgió la Unión Soviética. No es una analogía sin asidero. La ola de separatismo tiene demasiadas conexiones y denominadores comunes. Desde el inexplicable Brexit hasta el extremismo nacionalista húngaro y polaco, o el crecimiento desaforado del AfD, ahora el secesionismo kurdo, tras la disección de Siria, donde Rusia ocupó un papel central. La misma Rusia que metió la cuña Trump en Estados Unidos. Los movimientos nacionalistas y los populistas suelen terminar entregándole el poder en bandeja a la izquierda.

Algunos conectan esta casi deliberada irreflexión que lleva al desmembramiento europeo con la línea Castro-Chávez-Maduro-Cristina, que tiene mucha presencia activa en Barcelona, que también controla las organizaciones de derechos humanos que se han encajado como cuñas en los organismos burocráticos internacionales y hasta agregan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al islamismo saudita, recordando la ambición pendiente del califato que sobrevuela como una maldición sobre el Viejo Continente. Y es llamativa la similitud del discurso catalán con el discurso mapuche, con el mismo grado de desprecio por el derecho, la Constitución y la integridad nacional.

También España ha empezado a pagar costos financieros y bursátiles importantes por esta necedad y seguramente tendrá dificultades para mantener su grado inversor de continuarse en tamaña incertidumbre, además de la pérdida de energías y entusiasmo empresario que se sobreentiende.

En medio de este triste momento, hay quienes sostienen que Mariano Rajoy debe negociar. Así lo han expresado la Comisión Europea y varios organismos y países. Cabe la pregunta de qué es lo que se supone que debe negociar España con Cataluña. Suponiendo que Cataluña quiera negociar algo. Nada puede ser negociado, salvo un plebiscito a nivel nacional que jamás será aceptado por los secesionistas y que jamás se hará.

Dentro del paquete argumental, se acusa al Gobierno español de haber ninguneado deliberadamente a todas las regionalidades, como si la suma de todas las regionalidades no fuera en definitiva España misma. También dentro de ese mismo paquete se pretende que la Unión Europea doble la mano de Rajoy, otra habitualidad del disgregacionismo de las naciones.

A todo esto, no debería darse por descontado que el sector productivo catalán está de lado de la secesión, mal llamada independencia, en otro relato gramsciano. Nada le convendría menos que salir de España y de Europa.

El discurso del rey Felipe VI es una admonición severa a los irresponsables sediciosos catalanes que han llevado a España al borde del desastre. Y también un llamamiento al presidente Rajoy para que defienda con toda contundencia la unidad de la nación, lo que no admite titubeos ni concesiones de ninguna naturaleza. Un discurso a la altura del que pronunciara en otras horas dramáticas su padre, cuando usaba sus atributos personales para guiar a su patria a la unidad indisoluble.

El secesionismo se analizaba hasta ahora como un fenómeno espontáneo de los pueblos cansados de las migraciones, la falta de trabajo, la globalización, el enojo contra los políticos, los ajustes constantes, y hasta se ponderaba a veces como una muestra de la recuperación del poder de decisión de la sociedad sobre su destino. Habrá que empezar a preguntarse si no hay una constante, un mismo discurso, un mismo relato, una línea conductora que une estas aventuras separatistas que tiene un objetivo común: el debilitamiento y la disgregación de los países relevantes, y en especial de Europa y en un paso posterior Turquía. En América, el indigenismo es el equivalente al secesionismo europeo, con igual efecto potencial.

El deliberado ataque sobre Rajoy, al que se acusa de débil si negocia y de represor si cumple simplemente la orden de un fiscal de impedir el referéndum por constituir un delito, es sintomático. No sólo los países que se separen o traten de hacerlo sufrirán inútilmente, sino que todo el sistema padecerá las consecuencias. A esto se le llama "el derecho de la autodeterminación de los pueblos".

Cataluña es solamente el idiota útil de turno. España, la puerta de la disgregación de Europa.

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Descubren millonario negocio tras protestas de los mapuches

MUNDO ARGENTINA

Fernando Gutiérrez

Por Fernando Gutiérrez

Septiembre 18, 2017 05:00
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Controversia por caso Maldonado y reclamos por tierras ancestrales

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El caso Santiago Maldonado está teniendo algunas derivaciones inesperadas. Además de generar la previsible alarma por una desaparición en democracia y la presunta responsabilidad de la Gendarmería, y más allá del debate sobre el uso político del asunto, tuvo el efecto de enfocar la atención de la opinión pública sobre la comunidad mapuche de la Patagonia.

Maldonado era simpatizante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace dos meses solo era conocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero que hoy se transformó en un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales.

En el ojo de la tormenta, este grupo tiene defensores y detractores. Para algunos, una legítima forma de organización para defender las reivindicaciones históricas de un pueblo originario que ha sufrido persecución y despojo durante dos siglos.

Para otros, en cambio, representa el peligroso embrión de un movimiento autárquico, que no solo desconoce al Estado argentino sino que hasta quiere menoscabar su soberanía al formar una especie de enclave. Y que, en su afán reivindicativo, recurre a métodos violentos, como la extorsión y el sabotaje, incluyendo agresiones a personas e incendios de propiedades.

Pero el punto menos conocido, que en estos días está saliendo a luz, es el de una extensa lista de negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea en forma de pago por reparación ambiental, por derecho de uso de "tierras ancestrales" o por la contratación compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones mapuches han generado ingresos financieros nada despreciables sobre la base del reconocimiento estatal de su preeminencia histórica.

Su ingreso más importante está vinculado al petróleo, la principal actividad económica en las provincias patagónicas. Y, más específicamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada luego de haber sido vendida al grupo español Repsol en los años 1990.

Las vías por las cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, básicamente, tres: los juicios de reparación por daños ambientales, el concepto legal de "servidumbre" por hacer uso de tierras ancestrales para una actividad de extracción y la contratación de servicios tercerizados de estas mismas comunidades.

Por ejemplo, en los últimos tres años, la comunidad Kaxipayiñ cobró unos US$ 10 millones, al tiempo que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de daño ambiental en el yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén.

Aunque la defensa del medio ambiente es parte central de la retórica de estos grupos mapuches, hay acusaciones en el sentido de que se trata de un ecologismo impostado, que en realidad solo es una excusa para obtener ingresos económicos.

Quien hace esta acusación es principalmente YPF, que refiere que los propios grupos mapuches han obstaculizado, y en algunos casos, impedido, la aplicación de medidas para recuperar tierras afectadas por la explotación petrolera.

La acusación de la empresa es que la organización mapuche presionó para que se contratara los servicios de una "consultora ambiental" de la propia comunidad, que ya lleva cobrado más de U$S 500 mil.

La principal queja alude a la metodología extorsiva y violenta que estas organizaciones utilizan en su relacionamiento con las empresas de la región.

La contratación de los servicios de transporte, seguridad, limpieza y supuesta asesoría ambiental ocurre bajo presión y, por cierto, en contratación directa y sin licitación. En las ocasiones en que las empresas se han negado a contratar esos servicios, la respuesta fueron los piquetes, las agresiones a los trabajadores y los cortes de accesos a las áreas de extracción petrolera.

Abundan en esa zona las referencias a cómo los líderes de estas comunidades aumentaron en forma exponencial su patrimonio, al punto que se mueven en lujosas camionetas 4×4 e incluso hasta compraron caballos de carrera.

Llamativamente, las acciones conflictivas, que antes se limitaban a la zona de Loma de la Lata, están ahora también trasladándose a Vaca Muerta, la región en la que hace pocos años se descubrió un megayacimiento de petróleo y gas no convencional, y que está en el inicio de su fase de perforación con el costoso método fracking.

Pero no solo el petróleo fue objeto de la protesta violenta. También se registró una larga lista de ataques a estancias, en especial a algunas con dueños extranjeros de alto perfil, como la del grupo italiano Benetton en la provincia de Chubut.

En esos campos, comprados por grupos extranjeros en los años 1990 y que se dedican principalmente a la cría de ganado ovino, se registraron agresiones a los puestos de guardia y ocupaciones ilegales de terrenos.

La argumentación es que se trata de tierras "ancestrales" que les pertenecen por derecho.
Se estima que las áreas reclamadas por estos grupos podrían valer más de US$ 150 millones.
Ante la sucesión de episodios violentos y por la repercusión internacional negativa de estos hechos, el grupo Benetton está reconsiderando la continuidad de sus negocios en el país.

Costumbres argentinas

A nivel mediático los grupos mapuches corren con cierta ventaja en esta pulseada. Frente a las grandes corporaciones, la imagen de pequeñas comunidades indígenas que reclaman por la reparación histórica tras más de un siglo de despojos siempre es recibida con simpatía por parte de la población.

Sobre todo si esa población vive en Buenos Aires, alejada de la zona de conflictos cotidianos, y cultiva un perfil "progresista" que gusta del revisionismo histórico y considera que episodios como la Conquista del Desierto"de fines del siglo XIX es asimilable a un genocidio.

Mientras se desarrolla ese debate en los círculos intelectuales, los mapuches intentan reforzar su imagen a nivel mundial. La organización Enlace Mapuche Internacional anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para acusar al gobierno argentino de incitación al odio étnico y racial.

La base para esa denuncia es la insinuación realizada por parte de funcionarios del gobierno macrista en el sentido de que los mapuches argentinos podrían estar esponsoreados y financiados por organizaciones internacionales vinculadas a Gran Bretaña, así como de estar vinculados a actos de terrorismo ocurridos en territorio chileno.

Lo cierto es que, de ser ignorados durante décadas, los mapuches pasaron a ocupar un lugar central en la política y la atención mediática.

De pronto, los argentinos empezaron a hablar sobre los lonkos, que dirigen a las comunidades organizadas en lofs y que son invitados a los estudios de televisión. El rating y la controversia están garantizados, porque los grupos más radicalizados plantean expresamente su desconocimiento del Estado argentino y reivindican la lucha armada.

En todo caso, de lo que no se los puede acusar es de no seguir las más arraigadas costumbres argentinas: la búsqueda del subsidio continuo por parte del Estado y el uso de la extorsión para lograr contratos son, desde hace décadas, parte de la cultura sindical.

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¿a quién más le convendría la eventual desaparición de un joven de instintos pacifistas que había hecho su ya, tal vez pasajeramente, la causa de los mapuches que quieren independizarse?

PINIÓN / 10 de Septiembre de 2017

El oscuro caso de Santiago Maldonado

El Gobierno se muestra incómodo frente al clamor por esclarecer el caso del activista desaparecido.

Por James Neilson

Santiago Maldonado por Pablo Temes.

Dicen que a Santiago Maldonado, como a tantos hippies de medio siglo atrás, le encantaba –¿le encanta?– fantasear en torno a los vikingos, las estrellas y los lobos, además de pensar en lo buena que sería una vida solitaria, muy lejos del ruido mundanal, en armonía con la naturaleza. Por lo común, la desaparición, o ausencia prolongada, de un joven simpático de tales características no ocasionaría demasiada preocupación, pero desde hace algunas semanas Santiago es el hombre más célebre de la Argentina. Para un conjunto variopinto de militantes políticos, profesionales de los derechos humanos y otros, parecería que no cabe duda alguna de que fue víctima del terrorismo del Estado, o sea, de la odiosa “dictadura” macrista.

No es que los más fogosos cuenten con evidencia en que basar las acusaciones tremendas que están vociferando. No la necesitan. Es tan fuerte la voluntad de la izquierda dura y de la franja más fanatizada del kirchnerismo de creer que el gobierno de Mauricio Macri es una banda de asesinos resueltos a llevar a cabo un proyecto neoliberal parecido al atribuido al régimen militar más reciente que les parece verosímil cualquier suceso que a su juicio sirve para justificar el rencor que sienten.

Siempre y cuando Santiago no reaparezca con vida luego de haber pasado un rato en algún bosque patagónico alimentándose de hongos y raíces –como sugirió, acaso sin proponérselo, un tatuador amigo citado por La Nación–, lo que para muchos sería un desastre sin atenuantes, los presuntamente convencidos de que ha sido el primer desaparecido de la era Macri seguirán aprovechando su ausencia para hostigar al Gobierno.

Puede que haya algunos miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios, políticos y activistas que saben muy bien lo que le sucedió a Santiago Maldonado, pero los demás no tienen más alternativa que la de optar por la hipótesis que les parece más fidedigna, la que, a su vez, dependerá de sus preferencias políticas.

En cuanto a los políticos que son reacios a ir al extremo de calificar de “dictadura” al gobierno de Macri, a algunos les está resultando difícil resistirse a atacarlo por no haber resuelto ya la situación que se ha creado; asevera Sergio Massa que “la falta de profesionalismo, seriedad y objetividad con el que trataron este tema es muy grave”. Margarita coincide. O sea, lo de siempre.

Pues bien; frente a un caso como este, es legítimo plantear el interrogante tradicional: ¿cui bono?, es decir, ¿a quién más le convendría la eventual desaparición de un joven de instintos pacifistas que había hecho suya, tal vez pasajeramente, la causa de los mapuches que quieren independizarse? En investigaciones de este tipo, se trata de una pregunta clave.

Los adversarios – mejor dicho, los enemigos – de Macri dan por descontado que el Gobierno, con la colaboración de Gendarmería, quería eliminar a una persona que les provocaba problemas, aunque sólo fuera para enviar un mensaje mafioso a otros de actitudes similares. Se trata de un planteo que refleja más prejuicios que certezas. Cambiemos tendrá sus deficiencias, pero una afición a la violencia política no es una.

Por el contrario, desde el primer día de su gestión, los macristas han sido conscientes de lo peligroso que les sería brindar la impresión de estar dispuestos a emplear la fuerza para intimidar a quienes se creen dueños de la calle, razón por la que durante mucho tiempo pasaron por alto los atropellos cotidianos de piqueteros, los matones de Quebracho y otros encapuchados armados con palos. En los choques que se han producido, casi todos los heridos han sido policías. Aunque es factible que a algunos efectivos policiales o gendarmes se les haya ido la mano, no lo es que actuaran instigados por el gobierno nacional.

Para contestar a las denuncias en tal sentido, los voceros oficiales podrían señalar que los más beneficiados por lo ocurrido han sido los kirchneristas y sus aliados coyunturales de la ultraizquierda. ¿Serían capaces tales individuos de secuestrar o asesinar a un hombre como Santiago por motivos propagandísticos, ya que entenderán que sería de su interés que comenzara a haber desaparecidos en el país y, de todos modos, les valdría más como supuesta víctima del autoritarismo gubernamental que como un manifestante más? A juzgar por lo que han hecho a través de los años sujetos de ideas muy parecidas a las reivindicadas por los extremistas locales, entre ellos sus amigos bolivarianos en Venezuela, no se sentirían cohibidos por la despreciada moral burguesa.

Sea como fuere, hasta que surja evidencia incontrovertible, sólo es cuestión de conjeturas, lo que no es ningún consuelo en una sociedad en que muchos se han habituado a subordinar absolutamente todo al “relato”, por arbitrario que fuera, que les parece más útil, tratándolo como una verdad revelada y reaccionando con brutalidad frente a cualquier intento de desvirtuarlo.

Para quienes piensan de este modo, echar dudas sobre la versión según la cual Macri ordenó a Gendarmería matar a Santiago equivale a estar a favor del terrorismo de Estado. Fue bajo dicho pretexto que, hace una semana, se congregó una multitud en la emblemática Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno, acusándolo de estar detrás de todo cuanto ha sucedido últimamente en el sur del país. Huelga decir que entre los manifestantes había algunos grupos sumamente violentos que a buen seguro no eran partidarios de los reclamos mapuches.

De tomarse al pie de la letra lo que dicen casi todos los políticos e intelectuales, el consenso es que, para la Argentina, la década de los setenta del siglo pasado fue la peor de toda la historia nacional. ¿Es lo que todos creen? Claro que no. Para algunos, fue la mejor porque, desde su punto de vista particular, en aquel entonces todo era maravillosamente sencillo por ser cuestión de una lucha entre el bien y el mal, el pueblo revolucionario por un lado y una tiranía vil por el otro. Es por lo tanto comprensible que algunos teman que estemos ante un recrudecimiento de la violencia política después de un intervalo de más de treinta años en el que, con la excepción del estallido de fines de 2001 e inicios de 2002, el país ha permanecido relativamente pacífico.

Para aprovechar las posibilidades abiertas por una versión sectaria del pasado no tan remoto, Néstor Kirchner y su esposa se las ingeniaron para persuadir a sus simpatizantes de que, después de entregar los símbolos del poder al radical Raúl Alfonsín, el régimen militar, con ropaje democrático, continuó gobernando el país. El relato K descansa en la noción de que, pensándolo bien, la única alternativa a su propio modelo sería una variante del improvisado por los uniformados, de ahí las alusiones a los “generales mediáticos” y, a partir de diciembre de 2015, el grito de guerra “Macri basura, vos sos la dictadura”.

¿Están realmente convencidos de que es así? Por ser casi infinita la capacidad de ciertos individuos de persuadirse de que el blanco es negro, es factible que algunos sí lo crean, pero puesto que en opinión de los estrategas kirchneristas e izquierdistas tratar a quienes se les oponen como si fueran militares disfrazados de políticos comunes sirve para justificar cualquier desmán, la eventual veracidad de dicha afirmación es lo de menos para ellos.

El riesgo de que el país sufra una nueva ola de violencia politizada se vio aumentado por el resultado de las PASO y las señales de que, por fin, la economía ha comenzado a levantarse del lecho en que yacía postrada desde que Cristina obtuvo aquel 54 por ciento del voto popular. Lo que para la mayoría es una buenísima noticia es, para otros, motivo de frustración. Aquellos que apostaron al fracaso del macrismo por suponer que les permitiría retomar el poder se encuentran frente a un futuro menos acogedor, uno en que su propia ideología compartirá el destino de tantos credos que en su momento encandilaban a millones pero que en la actualidad son considerados curiosidades históricas.

De por sí, la angustia de aquellos políticos e intelectuales que lamentan el desvanecimiento del despiadado sueño revolucionario que tanto sufrimiento causó en el mundo no es preocupante. En cambio, sí lo es la influencia que aún tienen, ya que suministran a jóvenes y no tan jóvenes de ideas rudimentarias y formación limitada pretextos para perpetrar actos de violencia. Son muchos los adolescentes que envidian a sus padres o abuelos por haber vivido en tiempos más emocionantes que los que les han tocado.

Al legitimar la lucha armada y rabiar contra lo injusto que suele ser el capitalismo, los nostálgicos de “la lucha” aseguran a los dispuestos a prestarles atención que tienen el derecho a romper cabezas, destrozar comercios y atacar a policías, como en efecto está aconteciendo no sólo aquí sino también en muchos otros lugares del mundo, comenzando con Estados Unidos. La conducta de la gente de Ctera que sacó provecho del caso de Santiago para someter a alumnos a escuelas chubutenses a sesiones propagandísticas comparables con las organizadas por los comunistas soviéticos y chinos, o los nazis alemanes, en las que calificaron de “asesinos” a los padres de algunos niños presentes, es, por desgracia, un ejemplo bastante típico de los métodos canallescos empleados por tales personas.

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