Cristina se cubre las espaldas en su despedida. Ordenó tumbar a Bonadio en la causa de corrupción que amenaza a su familia. Busca refugio judicial por la AMIA, Irán y Nisman.

Nunca tanta impunidad y desfachatez

Trama política

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La fiscal Viviana Fein dictaminará luego de las elecciones que el fiscal Alberto Nisman se suicidó. Descartará la posibilidad de un crimen. La Cámara de Casación, de donde fue desplazado el juez Luis María Cabral, está acomodando sus piezas para declarar la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán. Como Cristina Fernández pretende, según lo dejó claro en el reportaje que le hizo el periodista Dexter Filkins, de la revista The New Yorker. La Sala I de la Cámara Federal desplazó de la causa Hotesur al juez Claudio Bonadio. Investigaba presunto lavado de dinero en la administración de una cadena hotelera propiedad de la familia Kirchner, en El Calafate. No es fácil hallar en más de tres décadas de democracia una maniobra tan fulminante y desfachatada –sólo comparable al escándalo inicial con Amado Boudou– como la que lleva a cabo el kirchnerismo. Carlos Menem habría pasado a convertirse en aprendiz.

Si se desmenuza cada uno de esos pasos se advierte una sola lógica. La Presidenta persigue su blindaje para después de diciembre. Cuando abandone el poder sin fueros. La muerte de Nisman y el pacto con Irán podrían dejar abierto un peligroso flanco político y judicial porque en el medio están las 85 víctimas del atentado a la AMIA. Hotesur sería un emblema de la caudalosa corrupción de la época: afectaría de modo directo a su familia. En especial a Máximo, su hijo y candidato.

La celeridad con que se comportó la Cámara Federal obedeció al allanamiento que el lunes dispuso Bonadio en las oficinas que Máximo posee en Río Gallegos. La queja había sido presentada por la hija de Alicia Kirchner, titular de Hotesur. No fue la única acción del magistrado aunque sí la única que trascendió. El martes Bonadio requirió también documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF) que comanda el kirchnerista José Sbatella. Es la entidad encargada de rastrear operaciones sospechosas. Había hecho un pedido similar en enero del 2014 vinculado sólo a Lázaro Báez. Lo reiteró ahora sobre ese mismo empresario y lo extendió a Cristóbal López y seis empresas.

Los jueces de la Cámara Federal intercalaron el apuro con alguna acrobacia. Eduardo Freiler, en febrero, había solicitado la separación de Bonadio. Eduardo Farah se había opuesto. Reiteraron sus posturas. Jorge Ballestero, en cambio, estuvo forzado a desandar el camino. En el verano respaldó la actuación de aquel magistrado en la causa Hotesur. Ahora optó por tumbarlo. Se trata de un colegiado versátil. Que estaría alisando el terreno ante el cambio de Gobierno que se avecina. Tiene lazos muy sólidos con Daniel Scioli. Escuchó el ruego del gobernador de Buenos Aires para que votara en contra de la denuncia de Nisman por encubrimiento terrorista contra Cristina y Héctor Timerman. Cumplió. Pero se ocupó también de advertirle con antelación a Mauricio Macri que la Sala I rechazaría su solicitud de sobreseimiento en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. El mismo sufragó en contra. El emisario fue Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y protegido del jefe porteño. Ballestero, además de juez, es integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Antes de esa estocada el kirchnerismo se había encargado de cubrirle las espaldas a Cristina. Aquel desplazamiento de Cabral fue pensado a dos bandas. El juez entendía como miembro de la Cámara de Casación en el caso del pacto con Irán y en el pleito con Bonadio por Hotesur. Al juez lo había ratificado en su lugar. La resolución de la Cámara Federal será apelada y retornará a la instancia superior. Pero en la Casación ya no está Cabral. Hay tres magistrados de identidad K que llegaron por la aplicación de la ley de subrogancias. Asunto terminado.
Es cierto que ese mecanismo de las subrogancias, que estalló a partir de la separación de Cabral, ha sido impugnado judicialmente por jueces, abogados y políticos. Es verdad, además, que terminará aterrizando en la Corte Suprema donde prevalece el criterio de la inconstitucionalidad. Pero habría dos detalles que no se deberían soslayar. Transcurrirá un buen tiempo hasta que esos recursos puedan ser abordados por el máximo Tribunal. Las subrogancias quedarían en algún momento sin efecto. Pero nunca sus actos consumados. Es decir, sus fallos. Para cada uno de esos habría que pedir la nulidad.

La cuestión del Memorándum de Entendimiento con Irán tendría pliegues más complejos que las causas de corrupción. La Presidenta necesita de su constitucionalidad por dos motivos. Ha dicho que desea llevar el tema al ámbito de la ONU para forzar a Irán a respetar los términos del pacto. Pura fantasía. El Gobierno ya fracasó cuando pidió a Washington que incluyera el caso de la AMIA en sus cruciales negociaciones nucleares con el régimen de Teherán. Aquel Memorándum son cenizas para los iraníes. El otro desvelo de Cristina radica en la posibilidad de que la afirmación de inconstitucionalidad del pacto conceda vuelo a la figura de “traición a la patria” por presunta delegación de la soberanía a terceros. Su futuro fuera del poder se ensombrecería.

El apremio que desató la denuncia de Nisman llevó a Cristina a adoptar algunas decisiones desesperadas frente a las críticas que causó en la comunidad judía y la onda expansiva negativa que derramó en el resto de la sociedad. Apenas pasaron las primeras semanas de la tragedia del fiscal, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, designó un nuevo equipo en la Unidad Fiscal AMIA que conducía Nisman. Como coordinador fue nombrado el fiscal Juan Patricio Murray, confeso militante kirchnerista y leal a Gils Carbó. Los otros tres integrantes desarrollaron su trabajo también bajo obediencia debida. Desecharon la pista iraní, sobre la cual trabajó el fiscal muerto, y rastrearon la huella de Siria. Un viejo anhelo de la Presidenta. También se ocuparon de acelerar el juicio contra el ex juez Juan José Galeano y ex funcionarios menemistas acusados de haber desviado la investigación y pagado sobornos. El juicio arrancará los primeros días de agosto. La semana pasada se dictó la prohibición para salir del país del propio Galeano y de Carlos Menem.

Cristina se ocupó también de sacar provecho, al final, de un fallo adverso de la Corte Suprema. En marzo, los jueces rechazaron una apelación del Estado contra un veredicto a favor del pago de indemnización a un familiar de una víctima de la AMIA. A fines de abril la Cámara de Diputados convirtió en ley en pago de una compensación por única vez a “los herederos o derechohabientes” de las 85 personas fallecidas y las más de 150 que resultaron heridas. Aún falta la reglamentación. Representaría una erogación estatal cercana a los $ 350 millones.

La Presidenta creyó que con esas determinaciones podría atenuar las erupción que generó aquella turbia negociación con Irán. La realidad demostraría que no es así. Las críticas contra el Gobierno arreciaron en la recordación del viernes por el 21 aniversario del atentado. Fueron por la AMIA pero además por Nisman. Muchas veces Cristina parece quedar presa de sus propios desafíos y palabras. Cuando inauguró en marzo las sesiones ordinarias del Congreso, con la muerte de Nisman aún como gran telón de fondo, instó a la oposición a involucrarse en la develación de la verdad de los ataques a la AMIA y a la Embajada de Israel. Sectores de la oposición, pese a la campaña electoral, recogieron ese guante.

Representantes de la centro-izquierda, motorizados por el diputado Claudio Lozano, con apoyo de organizaciones de la comunidad judía, plantearon la creación de una comisión bicameral para una nueva investigación completa sobre ambos atentados. Con un añadido: podrían participar una comisión de notables, surgidos del universo cultural y judicial. La ocurrencia desagradó tanto a la Casa Rosada que un diputado kirchnerista de Tucumán se encargó de anular el funcionamiento de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. No podrá, sin embargo, evitar algún revuelo: los opositores se proponen antes de las PASO quebrar la modorra parlamentaria congregando a todas las comisiones pertinentes para la realización de un plenario en minoría. Habría una variante a la de la Comisión Bicameral que podría reunir también a los radicales, macristas y peronistas disidentes: la elaboración de un proyecto para reglamentar los juicios en ausencia. En este caso, para los ocho jerarcas iraníes que resultaron acusados por la voladura de la AMIA. El kirchnerismo también desconfía.

Cristina se encierra cada vez más en el tiempo de su despedida. Hace campaña en favor de Scioli por un par de razones: la compañía de Carlos Zannini, su comisario; el nuevo papel del gobernador bonaerense como gestor de la Presidenta en la Justicia para taparle los chanchullos. No se trata de ninguna conjetura: Bonadio reveló que Scioli lo buscó con denuedo, al parecer, para persuadirlo de que no avanzara con la causa Hotesur. Como no pudo, produjo su segunda definición pública en pocos días. Un ejercicio desacostumbrado. Había apoyado a Martín Lousteau para el balotaje de hoy en Capital. Cargó luego contra el juez y defendió a Máximo.

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Aquella causa ha quedado ahora en manos de Daniel Rafecas. Alivio para Cristina. Se trata del juez que enterró por primera vez a Nisman. Que tiene anestesiado el trámite por enriquecimiento ilícito contra César Milani, ex jefe del Ejército. Habrá que ver cómo se las arregla para custodiar el turbio tesoro presidencial.

Copyright Clarín 2015.

Acerca de Hari Seldon

Seldon nació en el 10º mes del año 11.988 de la Era Galáctica (EG) (-79 en la Era Fundacional) y murió en 12,069 EG (1EF).Es originario del planeta Helicon.Profesor de Matemáticas,crador de la PsicoHistoria.
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