Polémica por las cifras de desaparecidos

Derechos Humanos / Miradas diferentes

Fuerte polémica por las cifras de desaparecidos

La postura de Fernández Meijide cosechó apoyos y duras críticas

Domingo 9 de agosto de 2009 |

El 23 de octubre de 1976, fuerzas de seguridad entraron en la casa de la familia Fernández Meijide y se llevaron a Pablo, su hijo de 17 años. Su desaparición cambió para siempre la vida de esa familia y torció el rumbo que llevaba su mamá, que se deshizo de su instituto de idiomas para dedicarse obsesivamente a trabajar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Así empieza el libro casi autobiográfico de Graciela Fernández Meijide La historia íntima de los derechos humanos , donde se entrelazan su tragedia y los orígenes de los organismos de derechos humanos.

En el texto, Fernández Meijide habla de “casi 9000 desaparecidos”, el número final al que llegó la investigación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y de los 7030 que hoy figuran en los registros oficiales en Internet.

Su omisión de los 30.000 casos que denuncian los organismos de derechos humanos y su propuesta posterior de rebajar las penas a los militares a cambio de información partieron literalmente en dos a la opinión pública y trajeron al país una polémica que florece ante la lentitud de la Justicia y el silencio de los acusados.

“La rebaja de penas a cambio de información se hizo con éxito en Sudáfrica. Está de acuerdo con el espíritu del Código Penal y no consagra la impunidad”, le dijo a LA NACION Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las juntas militares.

Strassera también apoyó los reparos de Fernández Meijide frente al número de desaparecidos. “Ella no negó nada, sólo dice cuántos hay documentados”, consideró.

Número documentado

Jorge Torlasco, integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas, tuvo una opinión similar.

“La Cámara pidió todas las causas del país y reunió 9000 casos, es el único dato documentado que existe”, sostuvo Torlasco.

Entre quienes integraron la Conadep, Santiago López, ex diputado radical y compañero de Fernández Meijide en ese organismo, buscó bajar la polémica. “El número de 30.000 desaparecidos es simbólico. No tengo duda de que hay más casos de los que tenemos registrados, pero no es un dato matemático. Es tan grave que sean 10.000 como 30.000”, aseveró.

Los organismos de derechos humanos, en cambio, fueron terminantes con su rechazo en ambos temas.

“Es terrible lo que dice, es tomar con superficialidad lo que hemos padecido”, apuntó compungida Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

Bonaparte dijo a LA NACION que tampoco aprobaba la propuesta de rebajar penas a cambio de información porque “sería ponerse al nivel de los asesinos”.

Las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ya habían hecho públicas sus críticas.

Para Bonafini, hablar de la cantidad de desaparecidos es “un oprobio, una ofensa”.

“Es prácticamente decir que mentimos”, se le sumó Carlotto, que agregó que los 30.000 desaparecidos no son “un número caprichoso”, sino basado en distintas pruebas.

“No negociamos de ninguna manera la impunidad por encontrar a nuestros nietos”, aclaró Carlotto, que todavía no halló al suyo.

Derechos Humanos / Entrevista con Graciela Fernández Meijide

“Hay que ponerles nombre a los 30.000 desaparecidos”

Insistió en bajar las condenas a cambio de obtener información

Domingo 9 de agosto de 2009 |Fernández Meijide: "Hay que ponerles nombre a los 30.000 desaparecidos"

Laura Capriata
LA NACION

A los 78 años, Graciela Fernández Meijide parece un roble y transmite esa fuerza interior que tienen las mujeres que lo vieron casi todo.

Madre de un desaparecido, secretaria de denuncias de la Conadep, fundadora del Frepaso y hasta ministra de la Alianza, sabe que podría haberse ahorrado la polémica que desató sobre el número de desaparecidos, pero no pudo o no quiso.

En una entrevista con LA NACION opinó que “si les ponen nombre a los 30.000 desaparecidos dejará de ser un símbolo para ser una realidad” y defendió su propuesta de obtener información de los militares acusados por delitos en la dictadura, a cambio de rebajar sus condenas.

-¿Cómo definiría su libro?

-Es testimonial, vivencial y de investigación.

-¿Cuántos desaparecidos hay?

-Yo en ningún momento dije que no hubo 30.000 desaparecidos, lo que hice fue mostrar el recorrido de las cifras. Se interpretó que discutía la validez de una cifra que ha quedado como símbolo. Pero si les ponen nombre a esos 30.000 dejará de ser un símbolo y será una realidad.

-¿Ahora no es una realidad?

-No lo sé. Yo escribí un libro que senté sobre fuentes serias, como los números que da la Web de la propia Secretaría de Derechos Humanos. La misma Conadep no podía hacerse cargo de la cifra que era de los organismos. Es la diferencia entre ser un militante político y un informante serio de un tema.

-¿Cambia algo que sean 9000 o 30.000 desaparecidos?

-No, como sociedad no hay diferencia. La tragedia de 9000 asesinados es de tal magnitud que deja una herida que no va a soldar. En Chile los desaparecidos no llegan a 1000, en Uruguay 144, y es tragedia.

-¿Por qué la criticó tanto el secretario de DD.HH. [Eduardo Luis Duhalde]?

-Me sorprende, creo que se entendió mal. Pero no le voy a dar trascendencia. Su explicación me dio la razón a mí.

-Pero dijo que muchos no lo denunciaron y que desde 2004 hay un goteo de nuevos casos.

-Que los agregue a su lista, incluso por respeto a los desaparecidos.

-¿Usó el debate para promocionar el libro, como dijo Duhalde?

-El libro gustó mucho, no necesitaba una prensa especial. Y con la respuesta de Duhalde lo único que hicieron fue darme más prensa.

-¿Por qué propuso reducir penas a cambio de información?

-Hay una enorme lentitud en los juicios y del lado militar no hubo la más mínima colaboración. Las causas avanzan para condenar, pero nadie está diciendo dónde están los que murieron, o los chicos apropiados, ni se delata a los cómplices.

-Para los organismos de DD.HH. sería un retroceso inaceptable…

-Sería un avance. Además, el tema de los nietos debe urgir, porque antes de morirse las abuelas claman por conocer a sus nietos. Yo me imagino que cambiarían años de prisión del acusado por encontrarse con sus familiares, lo que no significa impunidad ni amnistía. Será la decisión del que es sometido a proceso.

-Ellas ya contestaron que eso impediría que se haga justicia.

-La justicia total y la verdad total no existen, y hay que encontrar un equilibrio. Que se haga justicia, pero debemos conocer toda la verdad.

-¿No está siendo funcional a quienes defienden la dictadura?

-La sociedad entendió muy bien lo que pasó y eso no va a cambiar por una cifra. Y ojalá alguien se atreva a decir: “Vio que no eran 30.000, sino 9000”. Que se hagan cargo, para preguntarles: “Y si sabían que eran 9000 ¿por qué no hicieron nada?”

Opinión

Una discusión infructuosa

León Carlos Arslanian
Para LA NACION

Domingo 9 de agosto de 2009

El célebre Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), tanto en su prólogo cuanto en el Capítulo II, se refiere al número de personas desaparecidas, víctimas de la represión ilegal: cerca de 9000, dice en el primero; 8961, precisa el segundo. En ambos casos se pone cuidado en alertar acerca del carácter provisional de dicha cifra, siempre abierta a comprobaciones ulteriores en la medida en que nuevas denuncias o nuevos hallazgos, fruto de las investigaciones en curso, permitan incrementar esas listas.

Tal determinación, base de la sentencia de la Cámara Federal Penal de la Capital, no fue antojadiza sino el fruto de la documentación e información acopiada por aquel organismo y la Justicia, y consistió en la suma de todos los expedientes judiciales con motivo de las denuncias -incluso actuaciones oficiosas- y “habeas corpus” que por miríadas se presentaron en todo el país, sin pasar por alto las referencias recogidas por la Conadep.

Sin embargo, tales estimaciones han sido puestas en entredicho en el prólogo introducido a una nueva edición, a 30 años del golpe, por la Secretaría de Derechos Humanos, para la que el número de desaparecidos ascendió a 30.000, en lo que coinciden, en términos generales, las organizaciones de derechos humanos.

¿Dónde está la verdad?

Fernández Meijide defiende sus cifras con dos argumentos formalmente irrebatibles. Así, en el capítulo 8 de su libro La Historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina , remite a registros de carácter oficial. El primero, proveniente de la página web de la Secretaría de Derechos Humanos, de la que surge un listado de personas con filiación completa, lugar y fecha de desaparición, que asciende a 7030, y otro de 924 personas de las que sólo se consignan sus nombres. El segundo, que en los muros del Parque de la Memoria se exhiben los nombres de 8875 personas desaparecidas por razones políticas entre 1969 y 1983.

Tanto esa información como la provista en el Informe de la Conadep constituyen información oficial, a la que cabe atenerse en la medida en que cada desaparición se encuentra respaldada por los datos de filiación de la víctima. Por las mismas razones dadas en el Informe -la provisoriedad de aquellos números e incluso de los más recientes-, toda otra apreciación es conjetural, aunque no necesariamente falaz.

No veo conducente ni provechosa una discusión como la que se ha planteado. La menor cantidad no conmueve en un ápice la gravedad de las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado, ni la necesidad de su esclarecimiento. No hay número alguno que disculpe o atenúe porque lo que ha conmovido hasta la médula a nuestra Nación ha sido que el Estado, en vez de preservar la paz a través del respeto y la vigencia de los derechos de los ciudadanos, se haya dedicado a sembrar el terror, a perseguirlos, a eliminarlos, a privarlos de un proceso regular y a hacer tabla rasa con las más preciadas garantías.

El autor integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares

Opinión

Mucho por conciliar

Ricardo Gil Lavedra
Para LA NACION

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Domingo 9 de agosto de 2009 |

Frente a un cuadro de violaciones masivas de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de averiguar lo sucedido, investigar y sancionar a los responsables, y reparar adecuadamente a las víctimas y familiares.

La Argentina ha intentado satisfacer de diversas maneras estas obligaciones respecto de los crímenes cometidos por la dictadura militar, pero salvo en lo que hace a la reparación patrimonial no ha conseguido cumplir totalmente lo requerido en materia de verdad y justicia.

La reapertura de los juicios por violaciones de los derechos humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida que lo impedían, no ha conseguido todavía alcanzar un grado de justicia satisfactorio, debido a la morosidad en el desarrollo de los procesos por la falta de políticas públicas eficientes para alcanzar ese objetivo.

* * *

Por otra parte, si bien se ha avanzado mucho en la búsqueda de la verdad, gracias al esfuerzo tanto de las víctimas como de sus familiares, nada han aportado los propios autores de los delitos ocurridos durante la dictadura militar, que son quienes poseen la información de qué ocurrió puntualmente con cada uno de los secuestrados.

Los argentinos deseamos cerrar con verdad y con justicia la etapa más dramática y dolorosa de nuestra historia.

Pero ésta no es una tarea sencilla, por la compleja relación entre ambos principios.

El proceso penal y la imposición de un castigo no siempre permiten, por las características de los hechos de que se trata, llegar a la verdad.

Nos queda entonces todavía pendiente, a pesar de todo lo realizado hasta ahora, encontrar el modo de conciliar razonablemente la verdad con la justicia.

El autor integró la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y fue ministro de Justicia.

Venganza o verdad

Lo más difícil es de lo que menos se habla. Eso no sería determinante si tampoco se aludiera a esas cuestiones en el escenario público. Si el silencio respondiera al anacronismo del asunto, o a que se trata de una cuestión superada, no sería grave. Pero si el tema es meneado y deliberadamente maquillado como “cuestión de Estado”, potenciado y recalentado hasta el hartazgo, si –en resumen– es fehacientemente actual, es imposible que lo más grave no sea dicho.

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Por Pepe Eliaschev | 08.08.2009 | 23:48

Lo más difícil es de lo que menos se habla. Eso no sería determinante si tampoco se aludiera a esas cuestiones en el escenario público. Si el silencio respondiera al anacronismo del asunto, o a que se trata de una cuestión superada, no sería grave. Pero si el tema es meneado y deliberadamente maquillado como “cuestión de Estado”, potenciado y recalentado hasta el hartazgo, si –en resumen– es fehacientemente actual, es imposible que lo más grave no sea dicho.
Este es el valor que asume, en un país atribulado cotidianamente por tarifazos, epidemias y asesinatos, la rotunda, sencilla y a la vez vigorosa presentación de un libro y unas ideas que oxigenan el –a menudo– hipócrita universo de los derechos humanos.
En un libro fuerte y necesario, dedicado “a Pablo”, su hijo desaparecido en los años setenta, Graciela Fernández Meijide recupera una historia y a la vez se coloca en posición de decir imprudencias. Son audacias que rectifican las miradas tuertas y desafían a las conciencias oportunistas que miden, con criterios aviesamente unilaterales, episodios trágicos que se siguen proyectando ominosamente sobre la Argentina, aun cuando se consumaron hace treinta años.
Dos conceptos asumidos por ella han detonado en un mundo demasiado cargado de medias verdades, cálculos de oportunidad, ambiciones personales y desvaríos de matriz ideológica. Graciela sostiene que es aceptable, además de legítimo, que aquellas abuelas de nietos, que siendo criaturas recién nacidas fueron secuestrados como parte de un siniestro esquema montado entre 1976 a 1983, puedan conocerlos antes de morirse ya muy ancianas, como resultado de un ajuste judicial negociado, que aminore las penas sobre los victimarios, a cambio de información que eche luz sobre el destino de decenas de hijos de guerrilleros arrancados a sus padres.
Y también se ha atrevido Graciela a lo indecible en esos ámbitos: en verdad, resulta imposible documentar que fueron 30 mil los desaparecidos en aquellos años, puesto que, entre lo recolectado por la Conadep, los nombres inscriptos en el Parque de la Memoria de la Costanera, y el propio registro de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de los Kirchner, la cifra nunca supera el orden de las 8 mil víctimas, casi cuatro veces menos de lo denunciado retóricamente desde hace décadas por organismos que se definen como defensores de los derechos humanos.
Graciela Fernández Meijide, que se ha metido, a los 78 años, en un tremendo problema, fue nuevamente vilipendiada. ¿Qué ha dicho de terrible e imperdonable? No se puede ni se debe mentir. Ocho mil muertes es una tragedia monumental. Que mujeres muy ancianas puedan ver la sonrisa de sus nietos antes de morir. ¿Es una “traidora”, o una “quebrada”?
Dos acusaciones radiografían el abismo ético al que ha llevado el drama de la violencia política. El secretario de Derechos Humanos de Néstor y Cristina Kirchner, Eduardo L. Duhalde, compara irresponsablemente la reflexión de Fernández Meijide con el vituperable “negacionismo” europeo, neonazis que desde fines de los años cuarenta procuran desestimar e impugnar la colosal tragedia de la Shoá, el Holocausto, la “solución final” hitleriana que eliminó a seis millones de judíos. Duhalde, que ya cometió el inaudito atropello de agregarle un nuevo prólogo al Nunca más de la Conadep, ahora vuelve por más: Fernández Meijide es lo mismo, alega, que los nazis europeos que niegan el mayor genocidio de la historia.
Para Duhalde y el Gobierno, 8 mil muertos son pocos muertos, aunque se trate de una estadística descomunal, la más extendida y amplia matanza de gente consumada en America del Sur durante los años de plomo. Así, que alguien con autoridad moral interpele la historia sacralizada, la convierte en peligrosa enemiga del establishment humanitario y sus
banalizaciones.
Cuando Graciela pide, desde una sensibilidad sin máscaras, que abuelas que ya son incluso bisabuelas de los hijos de sus nietos ilegalmente apropiados puedan dar y recibir un beso de despedida a esas vidas ninguneadas, se agravian quienes hoy tienen una posición política de penosa dependencia del Gobierno, como Estela Carlotto, que, también a los 78 años, no ha podido conocer a sus nietos robados por esbirros de la dictadura.
Hay muchas cosas que hasta ahora no se han discutido y ya es hora de desempolvar. En el estremecedor espacio del Parque de la Memoria, junto al Río de la Plata y al lado de la Ciudad Universitaria, figuran inscriptos en muros de concreto unos 8 mil nombres. Una consigna preside el listado completo y minucioso de esos nombres, vidas segadas entre 1970 y 1983. Son recordados porque cayeron “combatiendo por ideales de justicia y equidad”, dice. Pero en ese listado, hay decenas de guerrilleros que se alzaron en armas, atacaron unidades militares y secuestraron y asesinaron personas durante un gobierno constitucional, del 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976.
La Ley 46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define ambiguamente al monumento conmemorativo como “homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años 70 e inicios de los 80, hasta la recuperación del Estado de Derecho” (subrayado mío). Sin embargo, son plenamente reivindicados en un espacio público urbano, mezclados y asociados con víctimas inermes de la tortura y el horror con que se trató a millares de caídos en el marco de una dictadura feroz.
¿Es justo? Si esos combatientes que dispararon sus armas y mataron gente bajo gobiernos legítimos y constitucionales son recordados, ¿por qué no lo son en el mismo lugar las numerosas víctimas de la violencia guerrillera en ese período constitucional?
Esa Argentina enceguecida, furiosa e injusta se siente incómoda con una mujer a la que nunca podrán descalificar, aunque se lo propongan. Mucho menos que revolucionarios, son apenas manipuladores de odios, vengadores de ocasión cuya condición de justicieros unilaterales apenas encubre que son vengadores crónicos en ejercicio del poder.


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Acerca de Hari Seldon

Seldon nació en el 10º mes del año 11.988 de la Era Galáctica (EG) (-79 en la Era Fundacional) y murió en 12,069 EG (1EF).Es originario del planeta Helicon.Profesor de Matemáticas,crador de la PsicoHistoria.
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