Rafecas y Casanello superaron un antiguo encontronazo emocional para estudiar juntos una protección para la se ñora de Kirchner.

Cristina y Báez, un hilo que puede cortarse

Carlos PagniLA NACION

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La sociedad entendió que su defensa institucional no puede ser ejercida por líderes que se apropian del espaci o público para mejorar sus ingresos patrimoniales. Ya no conmueve que un expresidente imputado por corrupción transfor me su citación judicial en un acto político.

EDICIÓN IMPRESA COLUMNISTAS 20.04.16 | 00:00

Cristina no tiene chance

ROMAN LEJTMAN

corrupción , Comodoro Py , La Cámpora , Panama Papers

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El de supervivencia de los jueces federales enterró las escasas posibilidades que tenía Cristina Fernández para regresar al centro del escenario político. Los magistrados desempolvaron viejos expedientes que escondían flagrantes casos de corrupción, y frente a la evidencia acumulada CFK puede hacer muy poco desde una cuenta de Twitter. La oposición a Mauricio Macri busca líderes honestos y transparentes, dos condiciones democráticas que Cristina y sus buenos muchachos hace ya mucho tiempo que no detentan.

Los golpes de estado permitían que ciertos políticos desprestigiados regresaran al poder exhibiendo su condición de perseguidos. Esa persecución ideológica -repudiable, por supuesto-, escondía los hechos del pasado y permitía al renacido ocupar puestos expectantes en la nueva etapa institucional. No importaba si habían conspirado a favor del régimen triunfante y menos aún si se habían quedado con un vuelto que pertenecía a los fondos públicos.

La continuidad del sistema democrático y la capacidad de los jueces federales para asegurar su sitio en Comodoro Py, dejan a Cristina sin posibilidades de recuperar su fortaleza política. La expresidente no puede esconder su pasado entre los pliegues de una asonada militar, y las causas en su contra se acumulan sin pausa ni respiro.

CFK pensaba que podía forzar un realineamiento político apuntalado sobre el ajuste económico del gobierno, la aparición de los Panama Papers y la apuesta al dólar futuro que hicieron amigos y funcionarios de Macri. Pero esa táctica de corto plazo sólo sirvió para exhibir la fractura del justicialismo. Cristina se quedó con La Cámpora, mientras que los conocidos barones del partido (gobernadores, legisladores, intendentes, excandidatos a presidente) pelean por la representación mayoritaria del peronismo.Macri también hace lo suyo para enterrar a CFK. Cada vez que puede enumera la herencia recibida por la administración anterior, y cuando tiene espacio político suma a la oposición para demostrar su vocación de diálogo institucional. El Presidente ya aplicó ese método en Davos y Roma, y esta semana repetirá cuando Sergio

Massa y Margarita Stolbizer acompañen a la canciller Susana Malcorra en un debate sobre drogas y lavado de dinero que se hará en Naciones Unidas.
La secuencia política es fácil de predecir y observar. CFK, sus exfuncionarios y actuales socios deberán visitar los tribunales todos los días para dar cuenta de sus actos, mientras que la oposición política al gobierno quedará representada por dirigentes honestos que denunciaron múltiples hechos de corrupción.

Stolbizer aparecerá entrando al impactante edificio de Naciones Unidas en New York, para participar de un debate sobre la eficacia del combate contra las drogas y el blanqueo de dólares sucios, en tanto que en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría se ajusta la evidencia para citar a Aníbal Fernández como imputado en la causa de la efedrina.

La sociedad entendió que su defensa institucional no puede ser ejercida por líderes que se apropian del espacio público para mejorar sus ingresos patrimoniales. Ya no conmueve que un expresidente imputado por corrupción transforme su citación judicial en un acto político. La honestidad se transformó en una pieza clave cuando se exige a los dirigentes que defiendan el valor del salario ante el profundo ajuste económico.

CFK siempre pensó que haría historia. Y tiene razón. Pese a sus dos mandatos presidenciales, su legado está más cerca de los tribunales. Allí terminará su carrera política.

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Sensibles Una durísima crítica a los que proponen la doble indemnización por despido laboral

Abril 26 – Fernando iglesias.Los Andes diario.

Detrás de su aparente buena intención se esconde una maniobra regresiva, puesto que con la gran economía en negro existente, son los trabajos precarios los que sufrirán las olas de despidos.

El 6 de enero de 2002, el compañero Duhalde logró que el Congreso sancionara la ley 25.561, cuyo artículo 16 duplicaba las indemnizaciones por despido. Hacía apenas cuatro días que había asumido la Presidencia de la Nación afirmando que “el déficit fiscal alcanza a 9.000 millones de pesos… la desocupación superó todos los registros históricos y el índice de pobreza llegó al 40% de la población… Quince millones de hermanos viven debajo de la línea de pobreza”.

Con proverbial magnanimidad, Duhalde agregó: “No es momento de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo, en su agonía, arrasó con todo”. A continuación, prometió un “programa de salvación nacional”.

El panorama dejado por la Alianza parecía difícil de empeorar, pero el compañero Duhalde lo logró. A pesar de la doble indemnización “para proteger el empleo”, la desocupación, que en octubre de 2001 era del 18.3%, subió a 21,5% para mayo de 2002. Y si bien el índice bajó en octubre a 17,8%, la mejora no puede explicarse por los efectos de la ley, diseñada para sostener el empleo existente en el corto plazo y que había fallado vistosamente en su cometido.

La recuperación del empleo duhaldista se debió a la puesta en marcha de la economía “gracias” a la brutal redistribución regresiva de la riqueza, que llevó la pobreza del 38,3% de octubre de 2001 al 57,5% de octubre de 2002; un aumento del 50% en un solo año, que es récord nacional, si no mundial.

El factor decisivo de la recuperación de la producción y el empleo duhaldistas no fue pues la Mesa de Diálogo Social que reunió a la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como creen las almas bellas.

El factor decisivo fue la más rancia de las recetas ortodoxas: un ajuste brutal para reactivar la economía; inmediatamente impulsada por el recorte de ingresos a los trabajadores y clases medias mediante el 40% de inflación con salarios congelados, el corralito provisorio convertido en definitivo corralón y la pesificación asimétrica, que le dio los dólares de los que habían depositado dólares a los bancos y a los pequeños ahorristas les devolvió en pesos una cuarta parte de su valor.

No parece de más recordarlo cuando buena parte del peronismo que apoyó e impulsó el más regresivo de los golpes económicos después del Rodrigazo de Isabelita vuelve a la carga hoy con sus recetas de “sensibilidad social”. Tampoco sobra hacer un paralelo entre aquella Argentina “quebrada y fundida” que heredó Duhalde y la que dejaron veinticuatro años de peronismo sobre los últimos veintiséis.

El déficit fiscal de 2001 mencionado por Duhalde ($ 9.000 millones de pesos/dólares) fue en 2015 de casi 20.000 millones de dólares -a cambio paralelo- o casi 30.000 millones, a cambio oficial. Por su parte, los quince millones de “hermanos que viven debajo de la línea de pobreza” eran todavía once millones y medio en diciembre de 2015, después de doce años de bonanza internacional y de gobierno de los simpáticos abogados a los que Duhalde les regaló el poder.

Lo digo con bronca, y se nota, porque nada de estos doce años de corrupción, autoritarismo e iniquidad que sufrimos hubiera sido posible sin una lectura determinada por el sesgo peronista que propiciaron quienes posan de socialmente sensibles hoy. Todavía hoy se habla del recorte del 13% de la Alianza (aplicado a sueldos en blanco mayores a los $ 15.000 de hoy) y se olvida el 40% que Duhalde y Remes Lenicov le aplicaron a todos vía inflación para que Kirchner y Lavagna se llevaran las palmas de la “milagrosa recuperación”.

Así como se recuerda el provisorio corralito y se olvida el definitivo corralón, en que se perdieron los ahorros de los peces chicos, se rememora “el estallido social de la Alianza”, a pesar de que el récord histórico de pobreza (57,5%) fue en octubre de 2002, y se rinde tributo a los “35 muertos de De la Rúa”, 28 de los cuales murieron en provincias controladas por el peronismo y sus policías provinciales.

Pero es bueno repetir hoy con Duhalde: “Es momento de decir la verdad. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo”. Se trata de saber, en 2016, si saldremos con un estallido que aumente 50% la pobreza, como entonces, o con medidas graduales que eviten el impacto de esa cirugía sin anestesia que aplicó el Salvador de la Patria en 2002.

Increíblemente, los miembros del mismo partido que aplicó el mayor ajuste de la historia y después nos hizo perder la mejor oportunidad de la historia, dejando una sociedad en que 16 millones de argentinos en edad laboral no trabajan, proponen como remedio de todos los males las mismas recetas que aplicaron hasta hoy, comenzando por la fe en las virtudes mágicas de una ley para cubrir el hueco que en doce años no pudo llenar la generación de empleo digno a través de desarrollo productivo genuino.

¿Cómo asombrarse de que la economía K se haya detenido apenas terminados los efectos del ajuste duhaldista y no haya crecido en los últimos cuatro años? ¿Cómo no relacionar semejante concepción dirigista con el uso del Estado y los planes sociales para esconder la galopante desocupación? ¿Hasta cuándo creen los sensibles compañeros que es sostenible que cada empleo en el sector privado sostenga tres personas, entre empleados estatales y beneficiarios de planes? ¿De veras creen que es neoliberalismo cualquier propuesta que supere el stalinismo mal encubierto que proliferó hasta hoy?

Si así fuera, no estaría mal hacerles notar que las políticas del gobierno que casi todos ellos apoyaron o del que formaron parte alguna vez; ese gobierno de afiliados al Partido Justicialista que no habrá sido peronista pero cuyos bloques parlamentarios estaban integrados por mayoría del PJ, y no del FPV; causaron la pérdida de 395.000 puestos de trabajo en 2014, unos 33.000 por mes, sin que ninguno de los hoy escandalizados diera muestras de sensibilidad. Aun peor, fue para nada; un puro sufrimiento social que no solucionó uno solo de los problemas estructurales del Modelo K de Acumulación con Matriz Diversificada e Inclusión Social.

Pretender obtener resultados diferentes aplicando los mismos procedimientos es la receta perfecta para el fracaso. No lo dijo Einstein, ni es tan difícil de entender. Es muy bonito hacerse el trosko-peronista y proponer “que la crisis la paguen los ricos”. Más difícil es sostener que un país en el cual hace cinco años que no invierten ni sus habitantes pueda relanzar su economía aumentando la carga sobre empresas que soportan la duplicación de sus cargas fiscales y pagan impuestos como si estuvieran en Suecia para obtener servicios similares a los de Angola.

Es sencillo decir, como Moyano junior, “la doble indemnización no vale para el nuevo personal asumido”, pero eso no impide el clarísimo mensaje intervencionista que se enviaría en el mismo momento en que se necesita un shock de inversiones. Y es ridículo sostener que se pretenda beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las primeras en sufrir el impacto de leyes como la que se propone, así como la industria del juicio laboral que han promovido quienes la proponen.

Prohibir despidos es tan eficaz como prohibir la desocupación. Ni a nadie en el planeta se le ocurren ya estas cosas ni se entiende por qué, de paso, no proponen prohibir también la pobreza, y sanseacabó. Por otra parte, lejos de beneficiar a los más débiles, una ley que sólo proteja el empleo de los trabajadores en blanco tendría el muy probable resultado de hacer recaer los despidos en el tercio de trabajadores en negro y de perjudicar a los desempleados, que verían retardarse su ingreso al ciclo laboral.

Para bien o para mal, la idea de la “defensa de los puestos de trabajo” comienza a hacerse reaccionaria y zombie en el mundo de hoy; un mundo en el que Europa posee una amplia legislación de protección del empleo pero padece un índice de paro que duplica el de los Estados Unidos, que no la tienen; un mundo que genera más puestos de trabajo por la aparición de Uber que los que se pierden en el sector taxista; un mundo en el que la idea de que la industria es la principal generadora de empleo no resiste el más mínimo análisis estadístico.

Un mundo en cambio tecnológico acelerado, en suma, en el cual la disminución del desempleo no puede basarse en la defensa de los puestos de trabajo existentes sino en la generación de nuevos puestos, adecuados a la nueva etapa tecnoeconómica. Al menos si se quiere una política de empleo sustentable y no una mera proclamación políticamente-correcta de la propia sensibilidad social.

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Quienes denuncian el juicio contra Dilma Rousseff como un nuevo tipo de golpe de estado pergeñado desde la dere cha olvidan la historia latinoamericana reciente. Entre 1978 y 2015, siete presidentes electos fueron destituidos por ac ción del congreso y otros cinco presidentes latinoamericanos renunciaron en medio de una crisis política. Los movimien tos de izquierda respaldaron la mayor parte de estas destituciones.

Brasil: es preciso repensar el juicio político

Tribuna

Aníbal Pérez-Liñán

Horacio Cardo

Horacio Cardo

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Hacia dónde va Brasil? La tragedia brasileña derrumbó dos dogmas de la política latinoamericana. El primero es que Brasil opera bajo un “presidencialismo de coalición” capaz de asegurar la gobernabilidad. El segundo es que la ira popular solamente sacude del poder a los gobiernos neoliberales.

Quienes denuncian el juicio contra Dilma Rousseff como un nuevo tipo de golpe de estado pergeñado desde la derecha olvidan la historia latinoamericana reciente. Entre 1978 y 2015, siete presidentes electos fueron destituidos por acción del congreso y otros cinco presidentes latinoamericanos renunciaron en medio de una crisis política. Los movimientos de izquierda respaldaron la mayor parte de estas destituciones. En casi todos los casos las acusaciones legales fueron apenas una excusa para remover a un mandatario altamente impopular. Y el procedimiento legislativo fue dudoso. Abdalá Bucaram de Ecuador fue declarado mentalmente incapacitado para gobernar. Raúl Cubas Grau de Paraguay fue enjuiciado con diferencia de apenas un voto mientras un diputado era encerrado en el baño para asegurar la mayoría.

Las condiciones que impulsan los juicios políticos de hoy son en parte las mismas que impulsaban los golpes militares del pasado: recesión económica, movilización social y élites inescrupulosas. Pero el resultado no es igual. Llamar golpistas a los amplios sectores que piden -equivocadamente, en mi opinión- la salida de Dilma por juicio político significa legitimar con un barniz mayoritario a los verdaderos golpistas brasileños, quienes reivindican todavía el golpe militar de 1964.

Dilma está acechada porque perdió su coalición en el congreso y con ella el escudo protector que la blindaba contra las maniobras legislativas en su contra.

Hasta ahora los politólogos consideraban a Brasil como un ejemplo exitoso de presidencialismo de coalición. Ningún presidente brasileño tiene mayoría propia en el congreso, pero el reparto de ministerios entre partidos aliados y la compra de votos legislativos permite a los presidentes formar coaliciones y evitar la parálisis. En un congreso tan fragmentado, las amenazas de juicio político son moneda corriente. Pero solamente Fernando Collor fue destituido hace ya más de dos décadas.

El voto del domingo 17 mostró los límites del modelo brasileño de gobernabilidad. La traición de los antiguos aliados de Dilma, hoy convertidos en vociferantes defensores del juicio político, evidencia su escasa lealtad. Dilma compró el apoyo de sus aliados legislativos con cargos y prebendas, pero nunca negoció con ellos su programa de gobierno.

Este fracaso no prueba que el sistema presidencial sea incompatible con la negociación parlamentaria. Por el contrario, la negociación es la salida cuando la clase política actúa con visión y prudencia. Un ejemplo: a fines de 2002, cuando la crisis argentina se hacía sentir con fuerza en la economía uruguaya, el Frente Amplio debatió la posibilidad de iniciar un juicio político al entonces presidente Jorge Batlle. Batlle reemplazó a su ministro de economía con un político experimentado, quién negoció las leyes para enfrentar la crisis con el congreso. “Eso fue lo que detuvo el intento de impeachment,” me recuerda el politólogo Daniel Chasquetti. El presidente completó su mandato, y Uruguay evitó así la inestabilidad que azotaba a Argentina y que hoy envuelve a Brasil.

Ante el colapso de la coalición y el avance del juicio político, los simpatizantes del PT -en el Brasil y en el resto de la región- han reaccionado con indignación y sorpresa. Resulta claro hoy que la inestabilidad presidencial no afecta solamente a los gobiernos neoliberales.

La inestabilidad es un problema para todos los campos ideológicos, y esto nos obliga a repensar la función del juicio político. ¿Se trata de un juicio, en el que la evidencia acusatoria contra el presidente debe ser legalmente sólida? ¿O se trata de un procedimiento político, similar al voto de censura en los regímenes parlamentarios?

Desde que el primer juicio político fue realizado contra el presidente norteamericano Andrew Johnson en 1868, esta pregunta permanece irresuelta. Johnson fue enjuiciado por razones políticas -el debate sobre cómo gobernar el Sur tras la guerra civil- y sobrevivió en el poder por apenas un voto.

Las sociedades latinoamericanas deben buscar un acuerdo sobre la función del juicio político y comprometerse con esta interpretación. Dilma no cesa de denunciar un golpe, olvidando que el PT se movilizó en favor del juicio contra Fernando Collor en 1992. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el “golpe de Estado parlamentario” en Brasil, omitiendo que su gobierno celebra cada 4 de febrero el intento de golpe militar del entonces teniente coronel Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez. Han pasado veinticuatro años desde ambos episodios y la memoria de los mandatarios es ahora frágil. La política se ve diferente cuando uno está en el poder.

Aníbal Pérez-Liñán es profesor de ciencia política (Universidad de Pittsburgh)

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De cepo en cepo, el incorregible facilismo nacional

Jorge Fernández DíazLA NACION

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