Lo escribis Albertitere Fernandez de su Vice : Hasta que el silencio aturda a la Presidenta – LA NACION

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El sonoro silencio de la complicidad

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El pecado kirchnerista original

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Luis MajulLuis MajulLA NACION
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Es difícil precisar cuándo ocurrió la primera mentira del gobierno anterior, pero a esta le sucedieron otras, con una ausencia total de autocrítica

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4 de julio de 2019

Contra lo que podría suponer, lo que más impacto puede causar Chernobyl, la serie, no es el ambiente de opresión que la atraviesa, sino algo no tan evidente, pero igual de grave: cómo una mentira, una falla, la mala decisión de unos burócratas, terminó desencadenando una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Aunque la naturaleza del desastre no tiene punto de comparación, se podría decir que eso mismo sucedió con el kirchnerismo. En todo caso se podría discutir, con toda legitimidad, el momento en que aconteció el pecado original. La decisión exacta que configuró la primera mentira.

¿Fue cuando Néstor Kirchner se presentó como un hombre nuevo, honesto y transparente, que prometía traje a rayas para los evasores mientras empezaba a acumular una fortuna y ya se había llevado puesta la división de poderes en su provincia, aunque muchos, en ese momento, no lo quisieron ni lo pudieron reconocer ni aceptar? ¿O fue, para ser más precisos, en enero de 2007, cuando Néstor, que todavía era presidente, empezó a meter la mano en el Indec y a manipular las cifras de la inflación, lo que representó la primera mentira explícita que nunca jamás reconocieron como una falta? Lo que hicieron Guillermo "Patota" Moreno y sus "batatas entry" es el ejemplo más sencillo de cómo la "mentirita" de un burócrata termina arrastrando todos los cimientos de una administración. Porque los retoques falsos de las cifras de inflación repercutieron en toda la estadística oficial. La del empleo. La de la pobreza. La de la deuda pública y privada. En suma: la de todo el PBI. La de toda la economía. Y en la medida en que la mentira original no se reconocía ni se corregía, las barrabasadas cada vez eran más burdas y dañinas. Los argumentos más inconsistentes. De hecho, Cristina Fernández, prohibió, literalmente, que cualquier funcionario de gobierno pronunciara la palabra "inflación".

Todavía recuerdo cuando uno de sus ministros de economía, Hernán Lorenzino, miró, desesperado, a su asesora de prensa y le dijo: "Me quiero ir" porque no podía responder a la sencilla pregunta de una periodista de un canal griego que incluía el término innombrable. Fue el 25 de abril de 2013 y ya venían mintiendo desde hacía seis años. Y tras cartón impusieron el cepo. También se recuerda a Kicillof justificando la no medición del índice de pobreza "para no estigmatizar a los sectores más carenciados". Y al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández diciendo, muy suelto de cuerpo, que había más pobreza en Alemania que en la Argentina y hasta la misma Cristina declarando, ante la FAO, el 8 de junio de 2015, que el índice de pobreza apenas superaba el 4 por ciento.

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Fuente: LA NACION

Igual que en los regímenes totalitarios, a los que sostienen la mentira con cierto éxito, los suelen premiar con un cargo mayor. Así, no es extraño comprender por qué Kicillof ahora se transformó en el candidato de Cristina a gobernador en la provincia de Buenos Aires: además de su juventud y su carisma, es por su disciplina y el acatamiento "casi soviético" a las órdenes de la Jefa. Porque los resultados se su gestión, si se miden por los datos económicos, y la deuda que se está acumulando por los juicios contra YPF y Aerolíneas Argentinas, lo volverían el peor candidato de todos. Pero ha sido valorado por su capacidad para negar la realidad y convencer a millones de personas de que los demás son malos, cipayos, ricos e insensibles. Sin el más mínimo ánimo de exagerar, el pecado kirchnerista original de la primera mentira los condujo a seguir produciendo un tsunami de engaños, como lo hicieron las máximas autoridades de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta que la realidad irrumpió con tanta fuerza que se tornó inocultable. Pongámoslo en términos sencillos: si fueron capaces de mentir durante años afirmando que el costo de vida era más bajo de lo que parecía a pesar de que era fácil de desmentirlo con una sola visita a un supermercado, ¿por qué no hacer lo mismo con las estadísticas de seguridad y narcotráfico? ¿Por qué no intentarlo, por ejemplo, con la falacia de que la fallecida Ernestina Herrera de Noble había robado sus hijos adoptados a una pareja de desaparecidos? ¿Por qué no seguir insistiendo con la falsa idea de que la de Santiago Maldonado fue una desaparición forzada? ¿Por qué no montar un enorme sistema de recaudación ilegal que incluía a casi todos los organismos del Estado y descalificar a los periodistas, legisladores, fiscales y jueces que nos pasamos años denunciando lo que era tan inocultable como la radiación en la planta nuclear de Chernobyl? Todavía, después de 33 años, hay rusos que piensan que Chernobyl no fue más que parte de una campaña de propaganda extranjera. Se trata, en general, de exfuncionarios y personas mayores que se quedaron "congelados" en el tiempo y en las creencias que les inculcaron desde que tenían uso de razón.

Lo curioso, en el caso argentino, es que quienes están convencidos de que las denuncias de corrupción constituyen una conspiración de proporciones gigantescas son millones. Y entre esos millones hay jóvenes sin memoria, o cuya reacción ante la aparición de los datos no discutibles es la negación. Y lo que es más sorprendente: entre esos millones de argentinos está el flamante candidato a presidente Alberto Fernández, quien se fue del gobierno de Cristina en julio de 2008, asqueado por el ambiente delictual que atravesaba a parte de su gobierno, incluidos, por ejemplo, Julio De Vido y Ricardo Jaime, ambos presos por delitos de corrupción.

Alberto rompió todos los parámetros de la incongruencia. El último no fue menor. Ha sentenciado que la decisión de Néstor y Cristina de direccionar el 85 por ciento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez, al mismo tiempo que recibían del contratista dinero del alquiler por habitaciones del Hotel Alto Calafate que ni siquiera se ocupaban, es, apenas, un "descuido ético".

Alberto viene borrando de su memoria cada una de las cosas que dijo y todavía piensa sobre las más relevantes y controvertidas decisiones que tomó Cristina en su presidencia. Desde el memorándum de entendimiento con Irán hasta las medidas de política económica que implementó durante su segunda gestión. Pero como la primera mentira, el pecado original, siguen ahí, sin el debido castigo o autocrítica de quienes las impulsaron, Alberto Fernández no tiene más remedio que pedir a los periodistas que hacen las preguntas correctas que le hagan el favor de mirar hacia adelante. Y cuando todavía no comenzó de manera oficial la campaña, su equipo parece estar volviendo a las mismas prácticas que tenía por costumbre Néstor Kirchner, para evitar que las contradicciones salgan a la luz: llamar a los dueños de los medios y pedir que controlen a los periodistas críticos. Alberto ha prometido también que "meterá presa a la venganza". Sin embargo, antes tendría que desdecirse de la velada amenaza que propinó contra los jueces Claudio Bonadio, Julián Ercolini y los camaristas Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. También tendría que aclarar, o elevar una denuncia formal, contra lo que presentó como un contubernio ilegítimo entre Mauricio Macri y los empresarios Nicolás Caputo y Marcelo Midlin, en respuesta a una pregunta que le hizo el domingo pasado Luis Novaresio.

El Presidente, por su parte, podría aprovechar la campaña para hacer una autocrítica más profunda sobre el pecado original que cometió su gobierno al asumir: ocultar a los argentinos la verdadera magnitud de la crisis. Porque eso también es mentir. Y no se puede gobernar bien sosteniendo una mentira.

Por: Luis Majul

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La ONU exige a Maduro detener las “graves violaciones de derechos”

Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor informe tras su visita a Venezuela

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FLORANTONIA SINGER

FRANCESCO MANETTO

Caracas / Bogotá 4 JUL 2019 – 16:25 ART

Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela.Michelle Bachelet, junto a Juan Guaidó, durante su visita a la Asamblea Nacional de Venezuela. AFP

Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Violencia y abusos policiales. Una migración sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones" que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, "continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él". El Ejecutivo rechazó el informe y presentó 70 alegaciones al informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y de los colectivos armados que amedrentan a la población crítica con el régimen.

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Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo "ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo". A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a "las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década", que han acabado por debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.

Las fuerzas de seguridad

"Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares", señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, "contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia".

La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Dos visitas

La expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores de la sociedad civil. “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, manifestó la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a falleció tras sufrir torturas continuadas.

Desde 2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió cuatro ciudades del país y realizó entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como líder de la revolución, está contra las cuerdas y el país enfrenta peor crisis económica, política e institucional.

“El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”. En otra parte del texto señala: “Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

Separación de poderes

A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela "el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida".

El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones

El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece "una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena".

"Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019", continúa el Gobierno. Además, según el Gobierno no se hace referencia a "otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano". Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carné de la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también que en Venezuela existan "personas detenidas" por motivos políticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicación.

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la ciudadanía tendrá que elegir entre la decencia y la restauración de una cleptocracia.

OPINIÓN, POLÍTICA / 8 de junio de 2019

Argentina, un país dividido en dos

Aunque “la grieta” angustia a los convencidos de que la prolongada decadencia argentina se debe a la incapacidad de los políticos de alcanzar acuerdos duraderos, no habrá forma de eliminarla.

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Por James Neilson

Ilustración: Pablo Temes.

Aunque “la grieta” de que tantos hablan angustia a los convencidos de que la prolongada decadencia argentina se debe a la incapacidad de los políticos de alcanzar acuerdos duraderos, no habrá forma de eliminarla. Si fuera cuestión de las diferencias entre socialistas y liberales, digamos, tendría sentido proponer una “tercera vía”, como la transitada entre 1997 y 2007 por el primer ministro británico laborista Tony Blair, para que el innegable vigor del capitalismo liberal sirviera de motor para una economía mixta con un sistema benefactor inclusivo, pero intentarlo combinando la corrupción institucionalizada que es la marca de fábrica del kirchnerismo con un estrategia económica parecida a la ensayada por Cambiemos sería absurdo.

¿Significaría amnistiar a los corruptos? ¿Pedirles a los integrantes de un gobierno nuevo y sus cómplices que sólo roben 18.000 millones de dólares, no los más de 35.000 millones que, según el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, robaron los Kirchner y sus amigos en la década que ganaron? Bien que mal, no es concebible una “tercera vía”, o una “ancha avenida del medio”, entre lo propuesto por el gobierno de Mauricio Macri o por algunos peronistas y el kirchnerismo. Equivaldría a declararse neutral entre el torturador y el torturado.

Por ser tan enormes las diferencias que separan a Macri de Cristina, no sorprende que los políticos que han procurado brindar la impresión de ocupar un lugar equidistante de los dos hayan visto disminuir sus posibilidades. Si uno se opone a la corrupción rampante, aunque sólo fuera por entender que hace mucho más difícil la relación del país con los miembros más ricos y poderosos de la comunidad internacional, tan puritanos ellos cuando de los pecados financieros se trata, no sería factible acercarse al kirchnerismo.

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Asimismo, ensañarse con Macri porque los resultados concretos de su gestión han sido magros sin por eso oponerse frontalmente al “rumbo” que ha emprendido, es demasiado ambiguo como para atraer a sectores que son conscientes de que el orden sociopolítico actual es inviable en un mundo cada vez más competitivo pero preferirían que otros pagaran los costos de las reformas que intuyen son indispensables. La actitud asumida por quienes insisten en que el estado deplorable de la economía se debe a los errores cometidos por Macri sería más convincente si ellos mismos se destacaran por su rigor administrativo pero, huelga decir, los peronistas nunca se han distinguido en dicho rubro.

Para más señas, hasta ahora los presuntos centristas no nos han informado con precisión lo que harían en el caso de que uno consiguiera desbancar a Macri. Tal omisión refleja cierto desprecio por el electorado. Hubo un tiempo en que, antes de ponerse en marcha una campaña electoral, los políticos preparaban programas de gobierno detallados. Eran tan ingenuos, tan poco profesionales, que suponían que los votantes querían saber algo sobre las medidas que tomarían si les tocara ganar. No entendían que lo que más importaba era la imagen y que por lo tanto deberían contratar a expertos en la venta de productos. ¿Y lo demás? Una vez en el poder, todo se arreglaría.

Quienes piensan así todavía aluden al célebre debate televisivo de 1960 en que el joven John F. Kennedy logró superar al nada glamoroso Richard Nixon que hasta entonces lo había aventajado en las encuestas y que, a juicio de los que habían seguido el intercambio por radio, salió mejor parado. Para ellos, fue un momento histórico. Tienen razón: desde entonces, con la ayuda de asesores de imagen, los candidatos a puestos electivos no sólo en Estados Unidos sino también en muchos otros países se esfuerzan por convencer a los votantes de que son buenas personas que, si no fuera por la maldad o estupidez de sus rivales, se limitarían a repartir beneficios.

Es lo que está sucediendo aquí. Por ahora cuando menos, tanto los peronistas moderados de Alternativa Federal –Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y, si es que no han abandonado “el espacio”, Sergio Massa y Roberto Lavagna–, como sus compañeros más vehementes del kirchnerismo, son reacios a dejarse incomodar por realidades ingratas. Dan a entender que la gravísima crisis que está sufriendo la Argentina es culpa casi exclusiva de Macri, un sujeto tan perverso que, según algunos militantes enardecidos, además de arruinar la economía nacional está detrás de los femicidios por su afición al “capitalismo patriarcal”.

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Puede que Macri mismo tuviera algunas ideas similares antes de triunfar en las elecciones de 2015, pero ya habrá aprendido que gobernar un país que se cree mucho más rico de lo que realmente es sin decepcionar a sus partidarios originales, y ni hablar de congraciarse con aquellos opositores que en términos generales comparten sus ideas acerca de lo que será necesario hacer pero pertenecen a otras agrupaciones, dista de ser tan fácil como habría imaginado. Aunque, presionado por sus socios radicales, Macri haya reconocido que para llevar a cabo las reformas estructurales que tiene en mente le sería forzoso contar con el respaldo decidido del ala “racional” del peronismo, hasta que el país salga de la niebla electoral que lo cubre, su destino, y aquel de la Argentina, dependerá de los votantes de los que muchos, por motivos comprensibles, se sienten perturbados por la confusión imperante.

Estos saben que la situación en que se encuentra el país es mala, pero desconfían de quienes se afirman en condiciones de solucionar los problemas más preocupantes con su mera presencia en la Casa Rosada. Sospechan que demasiados políticos están más interesados en aprovechar las penurias de la gente que en aliviarlas.

No se equivocan. Para muchos, la miseria siempre ha sido una fuente valiosa de votos y por lo tanto de poder y dinero. Están acostumbrados a movilizar a los desesperadamente pobres para que hagan número en los actos que organizan donde simulan sentir entusiasmo por “el carisma” de alguno que otro candidato. Es lo que les permite aferrarse a un lugar en la costosa clase política nacional. Desde el punto de vista de quienes ven en la militancia nada más que una salida laboral, los principios y las ideas son lo de menos, de ahí la voluntad de los más vivos de cambiar de camiseta como hacen los futbolistas profesionales, vinculándose con el kirchnerismo un día y el macrismo el siguiente.

A los políticos les encantan las campañas electorales que, además de tener un tufillo deportivo, les permiten tomar vacaciones de las aburridas tareas administrativas. Pero no es sólo por eso que en casi todas las provincias los dirigentes optaron por separar las elecciones locales de las nacionales. También incidió el temor a verlas contaminadas por las dudosas imágenes respectivas de Macri y Cristina, lo que es lógico puesto que no hay forma de predecir cómo evolucionarán en los meses próximos. Según parece, la de Macri está recuperándose poco a poco del bajón que sufrió meses atrás al agitarse los mercados cambiarios y arreciar la inflación, mientras que el espectáculo de Cristina sentada en el banquillo de los acusados como jefa de una “asociación ilícita”, o sea, banda de ladrones, podría ayudar a deslustrar la suya.

Así las cosas, estamos en medio de una competencia entre un hombre que en opinión de sus muchos críticos es un ajustador serial derechista que ha sido incapaz de manejar la economía con un mínimo de eficacia, y una mujer, representada tal vez fugazmente por uno de sus críticos más feroces, que conforme a las pautas que rigen en la mayoría de los países del mundo desarrollado es asombrosamente corrupta, ya que, por ser tan contundente la evidencia que se ha acumulado, a esta altura sería ridículo tomarla por una víctima inocente de una campaña de difamación jurídica y mediática magistral urdida por los macristas.

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A ojos del oficialismo, en octubre y, lo que es más probable, en noviembre, la ciudadanía tendrá que elegir entre la decencia y la restauración de una cleptocracia. Para el grueso de la oposición, el asunto no es tan claro: en su opinión, la gente optará entre el ajuste permanente y el retorno de lo que en estas latitudes es la normalidad representada por personajes que tal vez roben un poquito pero quieren mucho a la gente común y quisieran reactivar la economía estimulando el consumo. No es que todos los peronistas y sus compañeros de ruta aprueben la corrupción, es que la creen de importancia relativa. Por lo demás, saben que en Italia y Brasil, las cruzadas en su contra han hecho estragos en la clase política tradicional.

Macri cuenta con el apoyo de los líderes de todos los países democráticos no porque les guste su estrategia económica o valoren su voluntad evidente de desempeñar un papel constructivo en los asuntos internacionales sino porque los desconcierta que, a pesar de todos los muchos cargos bien documentados en su contra, Cristina haya conservado el apoyo de más del treinta por ciento de la población. ¿Es que una minoría sustancial de los argentinos no sabe que robar es malo? Con razón o sin ella, piensan que sería inútil esperar que una sociedad en que tantos suportan con ecuanimidad el saqueo sistemático podría recuperarse un día de sus heridas autoinfligidas y que, de todas maneras, sería mejor mantenerla a raya para que no contamine a las demás.

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